Organismos oficiales, notarías, gestorías y asesorías, registradores, entidades financieras, abogados, hoteles, empresas de distribución, constructoras, publicidad y marketing, colegios, institutos y universidades.
Empresas del sector textil, alimentario, de trabajo temporal y cualquier asociación u organización que genere en sus actividades papel y documentación sensible que necesite ser destruida.
